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La llegada de Internet ha revolucionado nuestras vidas y nos aporta múltiples beneficios, aunque el anonimato o la capacidad para actuar desde cualquier punto del mundo, también lo convierten en el entorno ideal para estafadores
Carding, phishing, pharming, vishing, spamming… igual son palabras que le suenan a chino, pero seguramente alguna vez les haya llegado un email diciendo: “Le ha tocado la lotería. Introduzca su número de cuenta para cobrar el premio” u otro, en el que un enfermo terminal, ha encontrado su email al azar y quiere dejarle toda su fortuna. En el Artículo 248 del Código Penal se recoge que comete estafa, el que, con ánimo de lucro, utiliza el engaño para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Se considera delito de estafa cuando la cuantía de lo defraudado supera los 400 euros. Si el valor es inferior, estamos hablando de una falta de estafa.
Cada vez es más habitual pagar con tarjeta de crédito en vez de con dinero. Las compras realizadas de esta forma en 2018 alcanzaron casi los 4.000 millones de operaciones, por un valor superior a los 147.431 millones de euros lo que supone incrementos del 13,8% y del 9,1% respectivamente. Según datos de la ‘Memoria anual sobre la vigilancia de las infraestructuras de los mercados financieros 2018’, en el año citado se registraron más de un millón de operaciones fraudulentas con tarjetas por un importe de 88 millones de euros. De estos fraudes, el 64% corresponden a compras realizadas en operativa remota, 34% con TPV físicos y el 2% en cajeros.
En caso de ser víctimas de un uso fraudulento, los consumidores están protegidos por la Ley de Servicios de Pago que limita la responsabilidad del titular en algunos casos, como en caso de copia o duplicado de la tarjeta. En este caso el afectado no la pierde en ningún momento de su posesión y no es consciente de que se está cometiendo el fraude, por lo que el banco debe devolver el importe total de la operación no autorizada. Tampoco es responsable en el caso de robo o pérdida de la tarjeta. Solo se tiene que responsabilizar por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida, pero con una cuantía limitada a 150 euros, excepto en caso de culpa o negligencia grave.
Por ello, lo primero que hay que hacer si perdemos o nos sustraen la tarjeta, es llamar a tu banco para anularla y denunciarlo en la comisaría de policía en el caso de tratarse de un robo. Si el banco no quiere hacerse cargo, se debe reclamar antes el Servicio de atención al cliente o el defensor del cliente de la entidad.
Pero, ¿qué ocurre si la estafa se produce en el entorno digital?
