¿Tiene usted un teléfono susceptible de haber sido hackeado por la Administración? No duerma tranquilo. Alguien le puede estar copiando toda la actividad del terminal sin que usted lo sepa. Y ese alguien puede ser incluso del Gobierno. Porque el espionaje indiscriminado de teléfonos móviles por parte de la Generalitat de Cataluña va sumando enteros cada día que pasa. Además de distribuir varios cientos de aparatos entre altos cargos de Interior y escoltas, se planteó la posibilidad de disponer de un sistema indetectable que pudiese ser introducido en un teléfono en un espacio de tiempo relativamente corto. El objetivo final, según los documentos en poder de El Confidencial, era poder grabar conversaciones en tiempo real, convertir los móviles espiados en micrófonos ambientales sin que sus dueños lo supiesen y tener acceso a todos los movimientos de los teléfonos espiados.
Para ello, los técnicos del Cesicat, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat, plantearon copiar toda la actividad de los teléfonos espiados durante la noche, en el momento en que sus propietarios estuviesen dormidos y no los hiciesen servir. Así consta en los documentos en poder de este diario. El Cesicat es la agencia que durante los últimos años ha controlado las redes sociales y realizado seguimientos a activistas sociales.
Uno de los documentos, en poder de El Confidencial, señala que tras la introducción de un mecanismo espía en los teléfonos, se podría activar el micrófono y enviar los datos a un servidor remoto incluso con la posibilidad de cifrado. Pero la conclusión que sacaba del espionaje que pretendía hacer este organismo es “el envío de todos los datos a una plataforma central (servidor) de seguimiento/gestión/monitorización, en tiempo real o en momentos de inactividad del terminal (noches, cuando no se hagan servir los datos…)”. Fuentes del Gobierno consultadas por El Confidencial declinaron realizar cualquier comentario sobre la implicación del Cesicat en estas maniobras.
Los escenarios posibles
En otro de los documentos, el organismo oficial señala que “dada la complejidad del proyecto [se refiere a la introducción de una aplicación espía dentro del sistema operativo del móvil], se plantean varios escenarios cuando hablamos de la disponibilidad física de los terminales”. El primero es que los responsables del proyecto tienen todo el tiempo del mundo para introducir el programa espía dentro del teléfono y luego este se le facilita a una persona. Ese sería el caso de los teléfonos repartidos a altos cargos de la Generalitat y a escoltas, por ejemplo. “Previamente a la distribución de estos terminales entre sus clientes, la UMT [unidad de los Mossos d’Esquadra que controlaría, en definitiva, los teléfonos] dispone físicamente del dispositivo, de manera que lo podrá instalar el agente oculto [es decir, el dispositivo espía] sin restricción de tiempo”.
Otra cosa, sin embargo, era si ese teléfono no era para repartir a un alto cargo o a un funcionario. En ese caso, se barajaba el escenario 2: “Los terminales móviles son de un tercero y el tiempo en disposición del dispositivo es limitado”, reza el enunciado de este escenario. A lo que se hace referencia en este apartado es a la posibilidad de introducir el mecanismo espía en el móvil de un ciudadano al que se le quiera realizar un seguimiento exhaustivo. Por ejemplo, a un activista del 15M o a un agitador antisistema. Si en un momento determinado alguno de ellos era detenido, cabía la posibilidad de introducir en su teléfono la aplicación correspondiente para tenerlo controlado.



En ese caso, según los documentos internos del Gobierno, “el abanico de posibilidades es muy grande. Para instalar el agente oculto, es preciso conocer con anterioridad las características exactas del teléfono, como la versión exacta (Hw, terminal, kernel, etcétera). Con esta información, se podría preparar un desarrollo a medida del agente y del instalador”.
El enlace de Información
Quien debía desarrollar toda la operatividad de este espionaje era el Cesicat, aunque el beneficio final se lo llevaría la Policía o, en todo caso, el Gobierno, que podría tener acceso a información privilegiada.
La cúpula de la Policía Autonómica no era ajena a estas maniobras, ya que según ha podido conocer este diario dos agentes de dicho cuerpo siguen de cerca las actividades del Cesicat y han sido destinados como enlaces a este organismo. Desde la creación del Cesicat, los Mossos ya habían destinado a un agente en las dependencias de este organismo, que opera técnicamente desde la localidad tarraconense de Reus pero cuya dirección política y oficinas principales están en Hospitalet de Llobregat, localidad lindante con Barcelona. Este agente policial está adscrito a la Brigada de Delitos Tecnológicos, lo que tiene su razón de ser por el hecho de que el Cesicat se ocupa del control de las telecomunicaciones y es un enclave estratégico para el control de los ciberdelitos.
Según fuentes internas del organismo oficial, este agente está en contacto permanente con Rubén Mora, uno de los responsables de la Unidad Central Operativa, a quien reporta informes periódicos. Pero hace algo más de un año, la cúpula de los Mossos d’Esquadra destinó otro agente al Cesicat como enlace con la Brigada de Información. “No se comprende si no es para realizar un control más ‘político’ de las comunicaciones y de aprovechar la información que se maneja desde aquí”, señala a El Confidencial una fuente interna del organismo. Este nuevo agente tiene como contacto permanente a Miquel Justo, la mano derecha del comisario de Información, Manel Castellví. ¿Qué hace un miembro de los servicios de Información de la Policía en un enclave de telecomunicaciones? La Generalitat mantiene un absoluto silencio ante esta pregunta. Pero la respuesta, a tenor de los documentos internos que comienzan a aflorar, es obvia: saber cosas. Y si los ciudadanos están dormidos, mejor. Más fácil se lo ponen.